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Juez de EE. UU.: Corte de Nevada debería resolver problema de expediente policial de Ronaldo

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Una oferta del New York Times para obtener información que la policía de Las Vegas recopiló sobre Cristiano Ronaldo después de que una mujer de Nevada afirmara en 2018 que la estrella internacional del fútbol la violó en 2009 parece estar en camino de la corte federal a la estatal.

Un magistrado federal recomienda que la jueza federal de distrito Jennifer Dorsey transfiera a un juez de Nevada la solicitud de registros abiertos del periódico de documentos que Dorsey ha considerado confidenciales en virtud de un acuerdo de dinero secreto que la mujer firmó hace más de una década.

Dorsey dijo hace más de un año que el caso pertenecía a un arbitraje privado. Todavía tiene que decidir una pregunta final: si la acusadora de Ronaldo, Kathryn Mayorga, carecía de la capacidad mental en 2010 para firmar un acuerdo de confidencialidad y aceptar un acuerdo de 375.000 dólares de los representantes de Ronaldo.

Los abogados de Mayorga demandaron a Ronaldo en 2018, diciendo que fue obligada a firmar el acuerdo, que nunca quiso ser identificada públicamente y que ahora tiene derecho a millones de dólares más.

El juez ha dicho que si Mayorga estaba en condiciones de celebrar el pacto, está obligada por la confidencialidad y un árbitro debería decidir a puerta cerrada si el contrato era válido.

The Associated Press generalmente no nombra a las personas que dicen ser víctimas de agresión sexual, pero Mayorga dio su consentimiento a través de sus abogados, Leslie Mark Stovall y Larissa Drohobyczer, para hacer público su nombre.

Los abogados de Mayorga no respondieron de inmediato el martes a correos electrónicos y mensajes telefónicos sobre el dictamen y la recomendación del juez federal Daniel Albregts a Dorsey, emitidos el viernes pasado.

Albregts citó una decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos en un caso de 1984 que involucró al Seattle Times. Señaló que la policía de Las Vegas no era parte del acuerdo de dinero secreto Mayorga-Ronaldo, y dijo que negarle al New York Times el acceso a lo que la policía de Las Vegas recopiló “casi con certeza despertaría el ‘espectro de la censura del gobierno’”.

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Albregts agregó que después de una serie de presentaciones judiciales en los últimos meses, los abogados de Ronaldo y Mayorga “llegaron a estar de acuerdo” en que la corte estatal, no la federal, es el lugar adecuado para decidir si la ley de Nevada obliga a la policía de Las Vegas a publicar el archivo.

La demanda civil de Mayorga se presentó primero en un tribunal estatal en 2018 y se trasladó a un tribunal federal en 2019. Alega que Ronaldo o sus asociados rompieron el pacto de confidencialidad antes de que el medio de comunicación alemán Der Spiegel publicara un artículo en 2017 basado en documentos obtenidos de una entidad que Albregts identificado como “portal de denuncias Football Leaks”.

La demanda acusa a Ronaldo y a los «reparadores» de protección de la reputación de conspiración, difamación, incumplimiento de contrato, coerción y fraude. En los documentos presentados en abril pasado, Stovall contó los daños ahora en $25 millones más los honorarios de los abogados.

El equipo legal de Ronaldo, incluido el abogado Peter Christiansen en Las Vegas, culpó de los informes publicados a datos electrónicos pirateados de bufetes de abogados y otras entidades en Europa y puestos a la venta. Christiansen también alegó que la información fue alterada o fabricada.

Christiansen y el abogado adjunto Kendelee Works han luchado desde octubre de 2018 para bloquear la divulgación pública del acuerdo. Christiansen se negó el martes a comentar sobre la decisión de Albregt.

Albregts es un juez magistrado designado que decidió asuntos procesales y previos al juicio. Le recomendó a Dorsey en octubre pasado que rechazara las afirmaciones del abogado de Mayorga de que las discapacidades de aprendizaje de Mayorga cuando era niña y la presión de los abogados y representantes de Ronaldo no la ponían en condiciones de dar su consentimiento al acuerdo.

La mordaz recomendación de Albregts también culpó a Stovall de mala fe y conducta inapropiada por usar los documentos de Football Leaks para procesar el caso de Mayorga, y por confiar en lo que el juez denominó documentos filtrados y robados que detallan las discusiones entre abogado y cliente entre Ronaldo y sus abogados.

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El magistrado citó lo que calificó de intentos “audaces”, “impertinentes” y “abusivos” de Stovall de hacer público el acuerdo de confidencialidad a través de maniobras legales y el expediente judicial.

“No hay forma posible de que este caso proceda en el que el tribunal no pueda determinar qué argumentos y testimonios se basan en estos documentos privilegiados”, agregó Albregts en su informe del 6 de octubre a Dorsey.

Mayorga, ahora de 38 años, es una ex modelo y maestra en el área de Las Vegas. Su demanda dice que conoció a Ronaldo en un club nocturno y fue con él y otras personas a la suite de su hotel, donde alegó que él la agredió en una habitación en junio de 2009. Ella tenía 25 años en ese momento. Ronaldo tenía 24 años.

Ronaldo, ahora de 37 años, es una de las estrellas deportivas mejor pagadas y reconocibles del mundo. Juega para el Manchester United de la Premier League inglesa y ha sido capitán del equipo de fútbol de su país de origen, Portugal. Pasó varios años recientes jugando en Italia para el club Juventus de Turín.

Ronaldo tiene cuatro hijos, incluida una hija con su pareja, Georgina Rodríguez.

Sus abogados no discuten que Ronaldo conoció a Mayorga y tuvieron relaciones sexuales. Pero Christiansen sostuvo que fue consensuado y no una violación.

Mayorga acudió a la policía de Las Vegas en ese momento, pero la policía cerró la investigación porque Mayorga no identificó a su presunto atacante por su nombre ni dijo dónde ocurrió el incidente, dijeron las autoridades.

El fiscal de distrito del condado de Clark, Steve Wolfson, el fiscal electo en Las Vegas, decidió en 2019 no presentar cargos penales en base a la investigación policial de Las Vegas de un incidente que ocurrió una década antes.

Había pasado demasiado tiempo, dijo Wolfson, y la evidencia no demostró que la acusación de Mayorga pudiera probarse ante un jurado más allá de toda duda razonable.

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